Ya de por sí, las personas afectadas por una de esas extrañas dolencias, que sin embargo se oyen cada vez más, como es el caso de la celiaquía, han de cargar con una buena batería de privaciones e inconvenientes. Obligadas a consultar las etiquetas de los envases, allí donde aparece la palabra «trigo», o bien «gluten», el producto queda automáticamente descartado, pese a que tal vez el paladar hubiera dictaminado otra cosa. Y en las cenas familiares y en las reuniones de amigos, o en los eventos sociales donde hay comilona de por medio, se autodiscriminan por mor de una enfermedad que no admite concesiones.
En esto consiste la primera penalización.
Vayamos con la segunda. En los supermercados y tiendas de comestibles venden «sustitutos» de los productos prohibidos. Allí donde debería figurar «harina de trigo» colocan en su lugar «harina de maíz o de arroz», que están exentos de la peligrosa proteína, causa de todos los males.
El consumidor afectado debería celebrarlo; pero no lo celebra. ¿Por qué? Consulta los precios y enseguida comprueba que, en comparación con los habituales para productos equivalentes, se han duplicado, y a veces hasta triplicado.
Ahí tienen el doble castigo. Las empresas se justifican diciendo que los precios finales aumentan porque los costes de producción también habían aumentado, al tratarse de productos «raros».
Esto último es una falacia, los fabricantes lo saben bien. En realidad, opera un mero cálculo económico: «Al ser celíaco, el paciente necesita de ése y no de otro producto. La palabra «necesidad» permite, pues, elevar los precios, con lo cual consiguen de paso estabilizar la oferta y la demanda. Si no hubiera diferencias de precios, muchos consumidores abandonarían los productos tradicionales, aunque sólo fuese por comprar aquello que se considera más sano. Esto, por supuesto, no interesa a ninguno de los industriales. En la mayoría de los casos, los productores de alimentos para celíacos son los mismos que los que se encargan de la producción tradicional».
